lunes, 24 de marzo de 2014

VECINOS DEPARTAMENTOS BAHÍA AZUL DICHATO PREOCUPADOS POR FISURAS EN MUROS

A petición de los vecinos del condominio social Bahía Azul, que están preocupados por grietas aparecidas en los muros de los departamento, su administradora Lorenna Arce ha requerido la asistencia de un arquitecto del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile para que evalúe y comente esta situación, a fin de entregar tranquilidad a todos sus moradores.

La visita del Arquitecto Francisco Pino se efectuó el día sábado 22 el presente en donde pudo revisar y efectuar una evaluación preliminar, en espera que se reilasen trabajos topográficos que puedan indicar alguna anormalidad, en la ocasión reitero que a pesar de ser efectiva la presencia de grietas, no es materia de alarma, que los vecinos pueden estar tranquilos, pues esto responde a la condición lógicas de las estructuras que son anti-sísmicas, pero que independiente de ello se debe hacer un seguimiento a la situación.


MCAD Informa

miércoles, 19 de marzo de 2014

Dichatina damnificada para el 27-F del 2010 se toma casa en Población El Sauce

Nuestra vecina, la Señora Lorena, madre de tres hijo, el menor sólo de meses, sufre una situación impensable después del 27f.
Después de cumplir con todos los requisitos para ser declarada damnificada, de tener tres cargas, de haber perdido todo, de tener certificado de inhabitabilidad, de tener una ficha de protección social de 4000 puntos, de tener su ficha Rucan respectiva, después que le asignaron una mediagua para esperar la solución definitiva, y después que le asignaron una vivienda social definitiva en el condominio de viviendas sociales Bahía Azul, de la noche a la mañana le informan que ya no tiene ese beneficio.
¿Las razones?, nadie las ha dado, nadie le ha explicado a la señora Lorena, dichatina de siempre, ¿Qué pudo ocurrir?, de la noche a la mañana desaparece automáticamente de la ficha Rucán y también le quitan una de las cargas sin su autorización, en circunstancias que los niños siempre han vivido al cuidado de ella, y es ella los que los ha tenido que sacar adelante en tanto difícil momento.
Ha tenido que tomar una camino difícil nuestra vecina y compañera, se tomó una vivienda desocupada en la población El Sauce, que actualmente no figura siendo de alguien, sin embargo, no tiene luz y agua y vive con las constantes amenazas de desalojo de parte de las autoridades.
Lo positivo es que todos sus vecinos la apoyan, por qué están al tanto de esta tremenda injusticia, que no atinan a solucionar las autoridades que debieran hace su pega.
El problema social continúa y la reconstrucción no ha terminado.
Llamamos a todos nuestros vecinos a solidarizar con Lorena y con sus hijos, este sábado 22 de marzo a las 12:00 del día, 5 minutos de apoyo, solamente ir a estrecharle la mano, darle un abrazo y arroparla con algo de optimismo.

Gracias a todos los que están ayudando a la Señora Lorena, un abrazo a todos.





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jueves, 13 de marzo de 2014

Tironi, Correa y los otros: la mano de los consultores en el freno a la agitación social

Escrito por Nicolás Sepúlveda / El Mostrador   
Jueves, 13 de Marzo de 2014 13:18




“Uno no transgrediría ninguna ética en un mundo feliz donde toda la gente es santa, y donde el pecado original, y todo tipo de pecado, no existe, y todos nos moviéramos por valores y no por intereses. Pero ese mundo, lamentablemente, no existe. Y no existe ni en la derecha ni en la izquierda, ni en los empresarios ni en los trabajadores. Ni en los sindicatos ni en la iglesia. Tenemos que resignarnos a nuestra condición de seres miserables… Yo actúo y vivo en ese mundo”. (Eugenio Tironi).

Principales consultoras reconocen que la matriz de los conflictos entre comunidades y empresas cambió. Ahora, aseguran, tienen menos incidencia los representantes institucionales y han ganado terreno los líderes sin vínculos políticos y surgidos de los mismos territorios. En un año que se avizora clave para numerosos proyectos energéticos que se encuentran en stand by, revelamos el trabajo de hormiga que desarrollan las empresas encargadas de intervenir comunidades para reducir los conflictos y permitir el avance de los proyectos de las grandes empresas.

Cuando se habla de Eugenio Tironi y Enrique Correa, generalmente sólo se mencionan sus asesorías comunicacionales y el lobby que realizan a favor de numerosos proyectos de grandes empresas. La mayoría de las veces se cuestiona que ambos –de cuna de izquierda y familia concertacionista–, ahora se desvivan por lograr la aprobación de inversiones privadas.

Desde hace un par de años están en problemas. Los sociólogos y periodistas de Tironi salieron derrotados de Aysén y Freirina, y los enviados de Enrique Correa no fueron bien recibidos en Bulnes, donde Australis Power busca instalar una termoeléctrica. Si bien no son los únicos que operan a favor de las grandes empresas en sus conflictos con las comunidades, sí son los más importantes.

Un actor de la industria afirma que el 2011 fue el año clave, donde todo cambió. Antes, asegura, era cosa de ir a conversar con el respectivo parlamentario, ofrecerle algunos incentivos, y la oposición a uno u otro proyecto se relajaba. Pero ya no.

“El concejal y el dirigente dejaron de hacerle caso a Escalona –por nombrar a uno–, todo está relacionado con el fenómeno de los díscolos, con la derrota de la Concertación el 2009… todo explota dos años después y mueren dos grandes paradigmas: que todo se arregla con plata, y que se resuelve por arriba”, comenta un consultor que lleva años trabajando en la industria y que prefiere resguardar su identidad para conservar su negocio.

Otro consultor confirma que los tiempos cambiaron. “Son servicios cada vez más demandados, porque la participación ciudadana y la preparticipación ciudadana –como el Convenio 169 de la OIT–, obligan a las empresas a dialogar antes de ejecutar los proyectos con las comunidades. Es un cambio importante, y después de Freirina todos lo hacen”.

El nuevo escenario complicó a las grandes empresas, que vieron cómo comunidades enteras salieron a encender barricadas para oponerse a sus iniciativas. A lo anterior se sumó la judicialización de los proyectos, y la falta de eficacia de las consultoras para frenar el descontento. La pregunta sobrevoló las gerencias de mineras y empresas energéticas. ¿Qué quiere la gente?

Un consultor dice que uno de los cambios más significativos se relacionó con las aspiraciones. “Antes se resolvía con unos cuantos millones, la gente quería un auto, un computador o un celular bonito, pero ahora aspira al desarrollo. Quiere caminos pavimentados, un hospital digno, una educación que le abra puertas. Perdió el cosismo y ganó la demanda de igualdad. Las regiones quieren ser más como Santiago”.

Hasta hace unos cuantos años las consultoras funcionaban automáticamente. Iban a los territorios, hacían unas cuentas encuestas, identificaban el discurso predominante en la población y elaboraban un informe para la empresa que las contrataba. Según el resultado, esta entregaba distintos incentivos a los pobladores que podían verse afectados por las externalidades negativas del negocio. Pero la gente ya no se conforma con unos cuantos regalos.

“Las comunidades son un actor que se encontraba fuera del ámbito deliberativo y decisional en materia socioambiental y en relación al desarrollo de sus territorios. Estamos frente a un nuevo ciclo; las comunidades han modificado su relación con la autoridad y con la empresa, hay una noción en que el desarrollo nacional debe tener una expresión concreta en el desarrollo de los territorios”, comentan desde Gestión Social, consultora presidida por Eugenio Tironi, que ha operado en distintos lugares donde se han desarrollado conflictos socioambientales.

Ellos asesoraron a Agrosuper en medio del conflicto que la empresa enfrentó con la comunidad del Valle del Huasco, que incendió la calle para reclamar por el mal olor que emanaba de la planta de cerdos que se había instalado en el lugar. Una de las voceras del movimiento, Andrea Cisternas, asegura que fueron advertidos de que la empresa de Tironi operaría en el conflicto, por lo que avisaron a los vecinos.

“Cuando supimos que iba a entrar Tironi empezamos a informar a la comunidad sobre las acciones que ellos iban a tomar, como ofrecer dinero para distintas organizaciones institucionales. Cuando entró Gestión Social a sus casas, la misma gente de Freirina los fue echando, porque estábamos preparados para recibir a este señor, porque ya sabemos cómo él trabaja”, comenta la vocera, dando cuenta de la resistencia que ha ido creciendo en las comunidades frente a las consultoras.

El mismo resquemor se evidenció en la comuna de Bulnes, donde actualmente su comunidad está enfrentada a la empresa Australis Power, que prepara la instalación de una termoeléctrica en el lugar. A fines del año pasado los grupos que se oponen al proyecto filtraron un e-mail donde una funcionaria de Imaginacción, del PS Enrique Correa, solicita una reunión para conocer la percepción de los vecinos. “Estimad@: Mi nombre es María Jesús Castro Larraín, Socióloga de la Universidad Católica, y formo parte de un equipo de consultores de Imaginacción que actualmente nos encontramos realizando un estudio de percepción sobre el proyecto Octopus. Por este motivo me gustaría realizarle una entrevista con el objetivo de conocer su opinión y sus ideas sobre dicho proyecto”.

Obviamente, la filtración fue acompañada por un llamado a no recibir a los funcionarios de Imaginacción.

Una cientista política que trabaja para una de las consultoras que se involucran en los conflictos, comenta que su labor consiste en la elaboración de la llamada inteligencia social: “Analizamos los discursos de los dirigentes sociales. Los sacamos de Twitter, Facebook y redes sociales en general. Nos entrevistamos con ellos y tratamos de ubicarlos en un mapa de influencias. También medimos a los parlamentarios, y la incidencia que tienen en las comunidades. En el fondo, identificamos a los actores clave y les decimos a las empresas con quiénes tienen que hablar, y cuáles son los escenarios probables con los que se van a encontrar. Podemos advertir también cuando un conflicto es solucionable sólo con algunos recursos, o cuando es inminente su judicialización”.

En todo caso, la visita de equipos de sociólogos, periodistas, antropólogos y trabajadores sociales a las comunidades es sólo el primer paso de las consultoras. Luego de medir la temperatura ambiente respecto de un proyecto, viene la negociación. Y como el tema no está regulado por ninguna ley, todo depende de la habilidad del que negocia. Un ejemplo claro de la poca regulación existente lo entrega un consultor que trabajó con comunidades mapuche que se oponían a proyectos hidroeléctricos. “Negociamos con un comunero la entrada a su predio para hacer unas mediciones, y resultó que después no nos dejaba salir porque el acuerdo sólo contemplaba el ingreso al lugar, y no la salida de este”.

Los Gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera han intentado proyectos de ley para regular los aportes de las empresas a las comunidades en medio de los conflictos, pero se han caído por falta de consenso. Un actor de la industria confiesa que “no se ha llegado a acuerdo porque ninguna iniciativa nos aseguraba que después de las tratativas se concretara el proyecto que gatillaba el conflicto”. Hace varios años Celco negoció con la comunidad de Mehuín el pago de US$10 millones para evitar la oposición al ducto de la empresa que derramaba sus desechos en el río Cruces, pero finalmente eso no impidió que la comunidad volviera a oponerse a la presencia del ducto.

Los actores del baile

Como la relación con la comunidad es una necesidad básica de cualquier gran proyecto que genere externalidades negativas, son varios los actores presentes en el negocio, aunque todos coinciden en que Tironi lleva la delantera.

Las empresas del creador de la franja del NO son dos. La principal, y cuyas tareas asume personalmente, es Tironi y Asociados. Creada en 1994, luego que su fundador dejara la dirección de Comunicaciones del Gobierno de Patricio Aylwin, ha tenido entre sus clientes a empresas poderosas, como Endesa; Minera Los Pelambres, de los Luksic; Arauco, de Angelini, y Codelco. En el directorio de la empresa figura además Ascanio Cavallo, cronista de la transición y que con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los columnistas más influyentes de La Tercera.

La otra firma creada por Tironi para asesorar a las grandes empresas es Gestión Social, fundada en 2004, cuyo directorio preside, pero que está conformada en su gran mayoría por ex miembros de Un Techo Para Chile, como Javier Zulueta y Andrea Cifuentes. Entre sus clientes figuran HidroAysén, Colbún, Esval y Essbio.

En una segunda posición de mercado, según comentan miembros de la industria –única fuente accesible debido a la falta de información pública al respecto–, está Enrique Correa con Imaginacción Consultores. Si bien las asesorías de Correa se centran en el lobby y en el respaldo comunicacional, también tiene una pata en los llamados “asuntos públicos”, que se relacionan con los conflictos territoriales que enfrentan los proyectos. Ahí uno de los nombres que resalta es el de Juan Carvajal, ex director de la misma Secom en el primer Gobierno de Bachelet, quien figura como consultor asociado.

En la página web de la empresa no se transparenta quiénes son sus clientes, pero se sabe que trabajaron con el proyecto de termoeléctrica Castilla –del brasilero Eike Batista– hasta inicios del 2010. La termoeléctrica Octopus, de Australis Power, y la central de pasada Alto Maipo –de AES Gener–, son algunos de los otros proyectos que ha debido defender ante las comunidades.

Entre las extranjeras, Burston Marsteller es la que destaca en gestión de crisis y asuntos públicos, aunque su trabajo se centra más en la asesoría comunicacional.

Las empresas chilenas Feedback, de Franca Pavoni y Martín Rodríguez; Azerta, de Cristina Bitar, ex jefa de campaña de Joaquín Lavín y sobrina de Sergio Bitar, ex ministro de la Concertación y líder del PPD; y Nexos, de Isabel Izquierdo, esposa de Bernardo Matte, también son parte de la industria, aunque centrando sus esfuerzos en la asesoría comunicacional de empresas y organismos públicos.

Otro actor presente en el negocio es la Casa de la Paz, ONG que se dedica a realizar la RSE –Responsabilidad Social Empresarial–, a grandes empresas. Entre las mineras tiene gran aceptación, y trabaja junto a Escondida, Collahuasi, Altos de Punitaqui, Cerro Colorado, Codelco El Teniente, Spence y el Consejo Minero. Además, se relaciona con otros gigantes, como Aguas Andinas, Coca-Cola y Forestal Arauco. Aunque son importantes, y se involucran directamente con la comunidad, su trabajo se centra en “bajar” recursos de la RSE de forma constante, y no en conflictos específicos. Su presidente es Rodrigo Egaña, ex MAPU y actual PS, que pasó por casi todos los Gobiernos de la Concertación. En el de Ricardo Lagos ocupó la subsecretaría de la Secretaría General de la Presidencia. Antes, había presidido la Conama, entre 1997 y el 2000. El 2008 fue el comisionado especial para asuntos indígenas de Michelle Bachelet. Actualmente, forma parte del Consejo de la Alta Dirección Pública. En el directorio de Casa de la Paz aparece además José Pablo Arellano Recabarren, hijo del ex Director Ejecutivo de Codelco.

Según cuenta un directivo de una consultora, lo que pagan las grandes empresas a las consultoras por su asesoría depende de la experiencia que estas luzcan, y de los contactos que puedan desplegar en el aparato público. Por eso, afirma, destacan Tironi y Correa, que trabajan con ex funcionarios del Estado y personas con experiencia política. “Al final, la intervención en las comunidades es puro hacer política. Es política pura y dura. Se trata de convencer, de ganar discusiones y de intervenir la realidad. Por eso ya no sirven tanto las niñitas rubias de la Universidad Católica que llegan en tacos a los poblados. Ahora se requiere de gente que tenga calle, y que sepa meter las patas en el barro. Porque, en definitiva, los vecinos de las comunidades son un actor que se disputan las empresas interesadas en aprobar un proyecto, y los grupos de activistas que se oponen, muchas veces por razones ideológicas, a estas iniciativas”.

Además de los grandes nombres, existe una serie de pequeñas consultoras que se arman de acuerdo a proyectos específicos. Según comenta un actor de la industria, hoy por hoy funcionan las llamadas “consultoras boutique”, que son más flexibles y destacan por la cercanía con uno u otro proyecto y que, por tanto, ofrecen mayor especialización. Territorios Consultores y Latitud 77 son algunas de las que destacan en este nicho.

En general, las consultoras cobran entre UF 300 y UF 1.500 mensuales a las empresas por sus servicios, dependiendo del nivel de conflictividad que exhiba el proyecto.

Aunque en uno u otro momento todas han enviado equipos a las comunidades para realizar estudios, o para influir en la aceptación de uno u otro proyecto, son Tironi y Correa los que concentran las preferencias de las empresas cuando se trata de gestionar su relación con las poblaciones que se ven afectadas por los proyectos. Y de estos dos, es Tironi quien ha desarrollado una teoría en relación al conflicto social, y quien puede exhibir triunfos en los últimos años.

La apuesta de Tironi

“La experiencia de consultoría de Tironi Asociados nos confirma que hemos arribado a un estadio donde lo usual es la ocurrencia de desbordes que siembran la alarma entre la población. Frente a estos los expertos se dividen y carecen de respuestas indubitables. La salida a tales situaciones no es ya la que cuenta con más respaldo técnico, sino aquella que cuenta con más legitimidad, porque se ha llegado a ella a través del diálogo con los diferentes grupos concernidos por el desborde”, plantea Eugenio Tironi en su libro Abierta, Gestión de Controversias y Justificaciones. En el párrafo citado, el consultor resume cuál es su actual jugada para superar los conflictos que enfrentan los grandes proyectos.

El ensayo general del nuevo modelo lo desarrolló en Neltume. En ese lugar la comunidad levantó la oposición a una central de pasada que Endesa –de capitales españoles e italianos– pretende instalar entre el Lago Neltume y el Pirihueico, con una inversión de más de US$ 780 millones. Cuando intervino Tironi, ya estaba empapado del nuevo modelo que conoció en uno de sus tantos viajes a Francia. “Viaja cada cierto tiempo, para no quedar desactualizado”, cuenta alguien que ha trabajado con él en sus consultorías.

En la localidad de la Región de Los Ríos los trabajadores de Tironi y Asociados salieron a realizar las tradicionales encuestas, pero ahora sumaron la implementación de un plebiscito, para que fuera la misma comunidad la que decidiera en qué se gastaría el dinero que Endesa donaría para mitigar los efectos negativos de su central. Es parte de la nueva lógica de Tironi, donde las discusiones se dan “de abajo hacia arriba”, y donde la inclusión de la sociedad es fundamental para evitar la paralización de un proyecto.

Según confiesa el propio Tironi en su libro Abierta…, se basó en los teóricos franceses Bruno Latour y Michel Callon, de la Actor-Network Theory, y en la sociología de la justificación, de Luc Boltanski y Laurent Thévenot. En síntesis, la idea es dejar hablar a los actores, observarlos y recurrir a ellos para encontrar soluciones. Incorporar a los pobladores, en vez de sólo regalarles televisores, como ocurría hace una década.

La experiencia en Neltume fue exitosa y Endesa desembolsó US$ 40 millones en proyectos para la comunidad, tal y como confidencia un consultor que participó de ese proyecto. El siguiente paso fue en Constitución, donde, luego de ocurrido el terremoto del 27 de febrero del 2010, Tironi asesoró a Forestal Arauco –de la familia Angelini–, para apostar a un mejoramiento de la imagen de la empresa a través de su aporte a la reconstrucción de una de las ciudades más afectadas por el sismo.

El resultado fue el proyecto PRES, Plan de Reconstrucción Sustentable, en Constitución, cuyo gerente es Marcelo Tokman, ex ministro de Energía de Michelle Bachelet. Con una inversión cercana a los US$70 millones, esta vez el aporte privado se sumó a la inversión del gobierno regional. El procedimiento fue el mismo, máxima participación ciudadana, foros híbridos y plebiscito comunal para elegir los proyectos que se implementarían.

Claro que los anteriores sólo fueron ensayos. Cuando a fines del 2011 estalló el conflicto social en Calama, con la conformación de una asamblea ciudadana que exigió que parte de los beneficios del cobre se quedaran en la ciudad, Tironi saldría a demostrar la eficacia de su propuesta.

En alianza con Horizontal, Tironi y Asociados se adjudicó una licitación privada de Codelco para diseñar el proyecto Calama PLUS, que contempla una inversión superior a los US$ 800 millones, y que ha prometido venir a cambiarle la cara a la ciudad del cobre. Desplegando asambleas y un plebiscito comunal, se eligieron 30 proyectos que en definitiva calmaron los ánimos y durmieron al movimiento levantado al calor de las movilizaciones estudiantiles del 2011.

Entre las iniciativas que serán beneficiadas con financiamiento, se cuentan la construcción de un parque que funcionará como “muro verde” en los límites de Calama, además del mejoramiento de escuelas y liceos, la construcción de un centro de alto rendimiento para deportistas y la remodelación del mercado central, entre otros.

Un mundo miserable

En el círculo de grupos ambientalistas que suelen oponerse a este tipo de proyectos, consideran que las consultoras son unos verdaderos monstruos al servicio de las grandes empresas.

Sara Larraín, directora ejecutiva de Chile Sustentable, plantea que “estas empresas de Relaciones Públicas son encargadas para dividir a las comunidades con el objetivo de insertar los proyectos y armar bloques, comprando a algunas personas y ofreciendo dinero, haciendo relaciones con los municipios. Lo único que hemos visto es que las empresas contratan a algunas consultoras para desarrollar un paquete de estrategias sociológicas con el objeto de imponer proyectos a las comunidades”.

La ambientalista agrega que la labor de las consultoras se centra en obviar los argumentos técnicos de los proyectos y desviar la discusión hacia los beneficios que la comunidad puede obtener de estas iniciativas: “En general, generan graves divisiones en la comunidad. En Calambres y Caimanes hicieron una Junta de Vecinos paralela a la que existía antes. Lo mismo en Alto Maipo, donde levantaron campañas de alcaldes y concejales. Además, ofrecen empleos anticipados, con listas que ellos dicen se las van a pasar a las empresas”.

La misma percepción tiene Andrea Cisternas, vocera del Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco. “Ellos lo que hacen es blanquear a las empresas. Hacen un lavado de imagen. Porque las empresas siguen funcionando igual, a la pinta de ellos. Y como somos comunidades pobres, creen que con ofrecer mejorar los techos o una lavadora para el equipo de fútbol, nos tienen comprados. Pero esto ya no es así. La gente ahora está bien informada”.

En Gestión Social difieren de esa visión y explican que su labor se centra en acercar posiciones entre las empresas que impulsan proyectos y las comunidades que los van a recibir: “El trabajo de nuestra consultora es desarrollar estrategias de sostenibilidad con un énfasis en el pilar social de la misma, orientados tanto a organizaciones privadas como públicas; trabajamos conforme a un modelo, que precisa materias y principios, definidos en estándares internacionales. Acompañamos procesos participativos, algunos de ellos dentro del sistema de evaluación ambiental. Tenemos una mirada orientada al mundo de las empresas y las relaciones que establecen con sus grupos de interés y con los territorios en que operan, buscamos puntos de encuentro con las comunidades, bajo el concepto de intereses y valor compartido. Promovemos la corresponsabilidad y el equilibrio entre derechos y obligaciones”.

La empresa presidida por Eugenio Tironi reconoce que falta regulación. Tanto para la actividad de las empresas, como para el activismo desplegado en los territorios.

Gestión Social fue la única consultora que contestó los llamados de El Mostrador. En Azerta declinaron entregar su visión, asegurando que su labor no se centra en el trabajo directo con la comunidad. Imaginacción, Tironi y Asociados, Feedback y Nexos no respondieron a las solicitudes que les envió este medio.


Eso sí, Eugenio Tironi dejó clara su postura en una declaración entregada al documental Un Mundo Miserable, del periodista Dauno Tótoro. “Uno no transgrediría ninguna ética en un mundo feliz donde toda la gente es santa, y donde el pecado original, y todo tipo de pecado, no existe, y todos nos moviéramos por valores y no por intereses. Pero ese mundo, lamentablemente, no existe. Y no existe ni en la derecha ni en la izquierda, ni en los empresarios ni en los trabajadores. Ni en los sindicatos ni en la iglesia. Tenemos que resignarnos a nuestra condición de seres miserables… Yo actúo y vivo en ese mundo”.


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lunes, 10 de marzo de 2014

Informe Final Relator Especial ONU sobre Terrorismo y Derechos Humanos.

EL DÍA 11 DE MARZO HABRÁN DOS ACONTECIMIENTOS, UNO EN CHILE Y OTRO EN GINEBRA.
Por Aucan Huilcaman Paillama.



El día 11 de marzo habrán dos acontecimientos que afectan a Chile, el inicio del gobierno de la señora Presidenta Michelle Bachelet Jeria y la presentación del Informe Final del señor Ben Emmerson Relator Especial de Naciones Unidas sobre Terrorismo y Derechos Humanos. Este informe es el resultado del trabajo de investigación que realizó In Situ en Chile, el Relator Especial los días 15 al 30 de julio 2013 y la intensa comunicación que ha mantenido con las partes interesadas.
El informe final que presentara el Relator Especial de Naciones Unidas en Ginebra el día 11 de mazo tiene vital importancia porque pondrá de relieve nuevamente ante la comunidad internacional las relaciones injustas que ha establecido el Estado Chileno con el Pueblo Mapuche en Chile y por otro lado pondrá nuevamente énfasis en la legitimidad de la reivindicación de los derechos colectivos conculcados por el Estado Chileno, luego de los actos coercitivos militares denominado Pacificación de la Araucanía.
El Relator Especial Ben Emmerson en su informe preliminar informa que en su estadía en Chile tuvo reuniones sin exclusión alguna: “durante el trascurso de mi visita a Chile, he tenido la oportunidad de reunirme con todas las partes involucradas, incluso las víctimas de violencia rural, numerosos representantes de comunidades Mapuche, terratenientes locales, Carabineros, Policías de investigaciones, fiscales del ministerio público, defensores públicos, un corte transversal de representantes de la sociedad civil, incluyendo ONG, ministra de justicia, el subsecretario del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, el Director General de Asuntos Multilaterales, el Director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Desarrollo Social, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena- CONADI, el Tribunal constitucional”. Por tanto, el informe final que se presentará en la sesión del Consejo de Derechos Humanos gozará de suficiente legitimidad.
Cabe subrayar que los únicos que no estuvieron de acuerdo con las conclusiones preliminares del Relator Especial fue el gobierno del presidente Sebastián Piñera.
Su desaprobación resulta un tanto curiosa en las labores de los Relatores Especiales, especialmente cuando son los propios gobiernos que invitan a los Relatores Especiales, como es el caso. A diferencia de las visitas de los otros Relatores Especiales, como fue la del señor Miguel Alfonso Martínez "Relator sobre Tratados y otros acuerdos constructivos" durante enero 1997; la visita del Relator Rodolfo Stavenhagen en 2001 se concretó por los esfuerzos de los organismos indígenas - exceptuando la oposición de Aroldo Cayun Anticura director de CONADI - en la Sesión del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas en Nueva York, y la del Relator James Anaya fue el resultado del lobby internacional de los Mapuche y otros organismos. Con excepción de las dos visitas de los Relatores Especiales en derechos humanos durante la dictadura militar del general Pinochet, se caracterizaban por la conmoción que provocaba las violaciones a los derechos humanos en Chile.

I.- Contenidos del Informe preliminar.
El informe preliminar es muy significativo porque esclarece las causas de las tensiones y controversias en la relación del Pueblo Mapuche, el Estado y la sociedad Chilena. El Relator Especial logro entender perfectamente que el Estado Chileno adolece de capacidades institucionales para establecer una relación aceptable y subrayó la ausencia de actos de buena fe de parte del Estado Chileno.
El Relator Especial entendió cabalmente que los Mapuche han tenido, no tan solo una resistencia con el sistema colonial hispano, sino, la posesión y dominio material de su territorio ancestral lo mantuvo hasta la invasión militar del Estado Chileno, afectando su patrimonio y el derecho a vivir en paz, todo esto el Relator Especial lo estipula de la siguiente manera: “con éxitos resistieron los intentos de colonización por los españoles, y retuvieron el control exclusivo de su tierra, reconocido por el Estado de Chile hasta que fueron sobrepasados por el ejército de Chile en los años 1880 y sus tierras ocupadas para la colonización. La religión y la cultura Mapuche se basan en su relación con el medioambiente natural además del principio del respeto por todo lo vivo. Por lo tanto, la ocupación y la explotación comercial de sus tierras ancestrales, con las consecuencias ambientales adversas que acompañan el uso comercial intensivo de la tierra, es visto por sectores de los Mapuche como un ataque a sus valores esenciales y hasta su derecho de existir”.
Sobre lo anterior y en esta parte del informe preliminar el Relator Especial ha formulado una referencia de manera expresa sobre los actos militares denominado por la historiografía Chilena como la “Pacificación de la Araucanía”. Este reconocimiento expreso reviste un carácter vital para el devenir inmediato del Pueblo Mapuche en las movilizaciones por la restitución de tierras, teniendo en cuenta que los principios generales de los derechos humanos y el derecho internacional no acepta ni reconoce constitución de derecho legítimo si en la ocupación material de un territorio se ha efectuado por la fuerza. Por ello, el derecho internacional en la Declaración Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su artículo 28.- establece, “las tierras, territorios y recursos que fueron ocupado, tomado y confiscado sin el consentimiento previo libre e informado de los Pueblos Indígenas serán reparados restituidos y si no fuera posible una indemnizado justa y equitativa”. Como es de todo conocimiento universal, los actos coercitivos militares conocido como Pacificación de la Araucanía, reúne los dos requisitos que el derecho internacional desaprueba para la constitución de derecho, por un lado, viola absolutamente el consentimiento previo, libre e informado y en segundo lugar, los actos materialmente fueron de ocupación, toma y confiscación.
El Relator Especial examinó algunos antecedentes históricos sobre los Mapuche y sus derechos. En este orden se informó de la documentación oficial del propio Estado Chileno, pero lo ha abandonado. Cuyo abandono resalta la falta de compromiso en implementar sus propias recomendaciones, a este respecto, el Relator Especial en su informe preliminar establece “la deuda histórica del Estado de Chile con el Pueblo Mapuche se describe en el informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas. Sin embargo, mientras que este informe recomendaba la expropiación de tierras a la comunidad de colonos (con indemnización) y su repatriación (restitución) a los Mapuche, hasta el momento el Estado ha rechazado esta solución y estableció en cambio un programa con el objetivo de recomprar terreno relativamente pequeño”.
La identificación y conclusión a que arriba el Relator Especial sobre el Ministerio Público en los asuntos de competencia en materia judicial es de suma importancia porque establece una incapacidad institucional del Ministerio Publico para tratar las cuestiones relativas al Pueblo Mapuche “si los Fiscales del Ministerio Público no están preparados voluntariamente para adoptar tal política en este momento, entonces, el parlamento debiera promulgar la legislación necesaria para obligar hacerlo, y se debiera asegurar que se realice con urgencia este cambio en la práctica procesal”. Teniendo en cuenta las actuaciones del Ministerio Público con seguridad esta recomendación será claramente fortalecida y a la espera del tenor de la recomendación final la Fiscalía del Ministerio Público eventualmente podría ser objeto de impugnación en las actuaciones procesales que afectan a personas Mapuche.
Con toda certeza la ley antiterrorista será objeto de debate y consecuentemente se presentaran nuevas recomendaciones para el cese en su aplicación con causas judiciales relativas a personas y comunidades Mapuche. Hasta el momento el gobierno del presidente Sebastián Piñera y los anteriores gobiernos de la Concertación han respondido a los otros Relatores Especiales sosteniendo que esta norma jurídica ha sido reformada en varias de sus partes durante la vigencia de los gobiernos democráticos, sin embargo, la comunidad internacional está plenamente consciente que esta norma a pesar de su reforma proviene de la era de la dictadura militar y tenía otras finalidades completamente incompatibles con las reivindicaciones de derechos que promueven las comunidades Mapuche.
Con seguridad habrán novedades en derechos territoriales, debido, a que los órganos de protección de derechos humanos han comprendido que la compra de tierra mediante el procedimiento establecido por la ley indígena 19.253, es completamente insuficiente, por tanto, los anuncios de modificación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, no constituye una iniciativa original de la Nueva Mayoría, sino simplemente se están poniendo el parche ante la herida y la propia idea de un ministerio indígena ha sido recomendada por el Relator Especial, aunque es de meridiana importancia definir previamente el mandato del ministerio indígena de lo contrario será poco eficaz y sólo vendrá a contribuir a la suma de nuevas instituciones Estatales.
La utilización del concepto de tierras ancestrales del Pueblo Mapuche de parte del Relator Especial es un signo y fundamento en derecho que abren nuevas posibilidades de reivindicación de tierras por parte de las comunidades Mapuche y plantea una urgente necesidad de resolución al derecho a la tierra, en base al derecho ancestral y no a la compra y venta como lo estipula la ley indígena. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en sus recomendaciones del 30 de agosto 2013, ha sido muy categórico sobre derecho a las tierras ancestrales “El Comité reitera sus recomendaciones al Estado parte y lo alienta a:
a) acelerar el proceso de restitución de tierras ancestrales y a proporcionar los recursos eficaces y suficientes para proteger los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos ancestrales, de acuerdo con la Convención, demás normas internacionales relevantes, y con los tratados firmados entre el Estado parte y los pueblos indígenas (CERD/C/CHL/CO/15-18, párr. 21);
A pesar que los Tratados Mapuche están reconocidos por parte del derecho internacional en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. Este reconocimiento es completamente compatible con el fundamento esencial del mandato en las actividades del Relator Especial sobre terrorismo y derechos humanos. El Relator Especial tiene un mandato muy claro y por tanto, pone énfasis en los ejes de la lucha contra el terrorismo y señala “Todos los Estados miembro de Naciones Unidas, incluyendo a Chile, han llegado a consenso en que las condiciones conducentes a la propagación de la violencia y el extremismo motivado por asuntos políticos incluyen conflictos regionales de larga data, tales como los conflictos territoriales, la gobernabilidad deficiente, las violaciones a los derechos humanos, y las formas de discriminación mediante la ley, además de la exclusión política, económica y educacional”.
En el caso del Pueblo Mapuche se dan todas las condiciones de las causas que generan las tensiones y que conforman el mandato de las actividades del Relator Especial, por ello, las recomendaciones de la comunidad internacional no pueden dejar de mencionar el derecho a la tierra, tanto, aquellas que gozan del estatus de tierras ancestrales, las que estaban protegidas por los Tratados o Parlamentos, las mismas que el Estado Chileno reconoció mediante los títulos de Merced. Pero insistir en la política del Fondo de Tierra estipulada en la ley Indígena 19.253, no es más que la política de compra y venta de tierras alejada completamente del derecho.
En definitiva la comunidad internacional mediante los organismos de protección a los derechos humanos han puesto en evidencia suficiente información sobre la realidad Mapuche y han presentado todas las recomendaciones más elementales para que el Estado Chileno tome una posición constructiva y de buena fe con el Pueblo Mapuche. Del mismo modo el derecho internacional ha reconocido los más altos estándares en derechos humanos para cualquier Pueblo del mundo, como es el derecho a la libre determinación, el derecho al territorio y recursos y en el caso específico del Pueblo Mapuche el reconocimiento de los Tratados o Parlamentos.
Todos los derechos anteriormente mencionados constituyen las bases esenciales para la implementación del derecho a la libre determinación Mapuche y de la misma manera las recomendaciones mencionadas y otras conforman las bases y argumentación para establecer una estrategia nacional e internacional de parte de los organismos del Pueblo Mapuche y actuar con todas las atribuciones de sujeto colectivo en derecho.


Wallmapuche, Temuco, Walung Kuyen 09 de Marzo 2014

MCAD Informa

viernes, 7 de marzo de 2014

ROXANA MIRANDA EN DICHATO 27-F 2014

Tal como la había anunciado, la ex candidata presidencial por el partido Igualdad Roxana Miranda visito Dichato, junto a dirigentes emblemáticas del ANDHA Chile a luchar democrático, donde se reunieron con miembros del Movimiento Ciudadano Asamblea de Dichato, para discutir sobre políticas habitacionales y construir agenda de demandas comunes tanto para damnificados, allegados y deudores habitacionales.

Entre muchos temas se discutió sobre:

-          - Las soluciones urbanas precarias y pésima calidad de las viviendas sociales.
-          - La política de estado que contribuye a la generación de guetos de pobreza.
-         - Las políticas de vivienda que enriquecen a los empresarios, en desmedro de mejores soluciones          para los pobladores.
-          - El auge del capitalismo del desastre.
-          - El fracaso del modelo Chileno de reconstrucción.

En el marco de la reorganización del pueblo y del necesario rol de fiscalizadores que hoy deben asumir los propios pobladores, porque es evidente que las instituciones no funcionan, hacemos un llamado a estar más atentos que nunca y a seguir luchando.


¡¡¡ARRIBA L@S QUE LUCHAN!!!


MCAD Informa