martes, 17 de enero de 2012

Expropiados de Bellavista en Tomé afirman que no se irán

 


Escrito por El Resumen


En el sector Bellavista de la ciudad de Tomé hay 18 familias que han sido expropiadas de sus terrenos y casas donde, hasta el momento habitan. Las banderas negras y los lienzos que denuncian engaño y perjuicio por parte del Estado, llaman la atención de cualquiera que pase por el lugar.

Resumen conversó con Roberto Vergara, quién narró que en septiembre recibieron la notificación de que sus terrenos serían expropiados, pues por el lugar pasará la re modelada Avenida Latorre, que se ensanchará, ocupando el espacio donde hoy los vecinos viven. De las 18 familias afectadas, seis han sido notificadas de que su expropiación será total y el resto será de una parte del terreno, aunque es cuestionable si los vecinos podrán seguir viviendo ahí.

Roberto, que ya tiene 64 años está angustiado, al igual que el resto de sus vecinos, ve cómo el Estado los despoja de su lugar en el que vivió más de cuarenta años, heredada de sus abuelos. Sin embargo, el problema es más crudo que la nostalgia. María Garrido, vocera vecinal explica que el valor al que el Estado le ha avaluado sus casas es inferior al costo que realmente tienen e incluso han sido tasadas de manera incorrecta, describiendo los terrenos y a las viviendas con menos metros cuadrados que los que efectivamente tienen. 



 
María cuenta que los vecinos están recibiendo entre 15 y 20 millones por la expropiación, lo que es insuficiente para poder comprar otra vivienda y en condiciones similares a las que viven ahí. "Acá estamos al lado de la playa, salimos a la calle y está la locomoción, sabemos que nuestras casas valen mucho más de lo que nos están dando". Al lado de su casa, se construye un edificio que aparenta ser un nuevo negocio inmobiliario, en que cada uno de los departamentos costará más dinero que el que el Estado otorga a cada propietario por lo expropiado. 

Los vecinos coinciden en el reclamo por la ausencia y engaño del alcalde. Roberto narra que fueron citados a una reunión, dónde éste se comprometió a bregar por que los montos del avalúo y la expropiación fueran coherentes a sus necesidades y al valor de la propiedad, no obstante después de esto, ha eludido cualquier contacto con los vecinos.

La fecha de expropiación es este 15 de enero, sin embargo los vecinos están dispuestos a resistir. No les queda otra alternativa, los que han recibido el dinero de la expropiación, no encuentran ninguna vivienda de tal valor y no pueden gastar esta plata en arriendo. Las expropiaciones han sido un tema recurrente en varios lugares que con el tiempo han ganado plusvalía y han despertado el interés de constructoras e inmobiliarias. En Concepción, puede destacarse la situación de Aurora de Chile,  que detonó el escándalo Van Rysselberghe. También puede nombrarse a los vecinos del borde costero de Dichato, a los de de Villa Futuro de Chiguayante y a los de Camilo Olavarría en Coronel. Todos ellos han sufrido los embates del negocio inmobiliario, amparado por las instituciones del Estado y sus representantes.


MCAD Informa


lunes, 16 de enero de 2012

SUBSIDIOS DE ARRIENDO PARA DAMNIFICADOS

(Otra iniciativa para la súper segregación de pobladores damnificados por el 27/F)
Por Eduardo Ampuero Cárdenas



I. “Política de Reconstrucción”, un concepto contradictorio

Antes de referirnos al tema de arriendos, es necesario esclarecer algunas ideas respecto de la política de reconstrucción, traducida en un financiamiento y en un programa de emergencia. 
Los dineros en uso actualmente para reconstrucción, no resultan de un fondo tan “especial” ni son el producto de una auténtica legislación que se ponga a la altura del impacto de uno de los terremotos más grandes del mundo. Queremos decir más: al Estado actualmente no le interesa implementar verdaderas políticas de emergencia social para afrontar esta ni cualquier otra catástrofe. En general, podemos afirmar que la política de reconstrucción del gobierno en vivienda no es más que la administración de los fondos sociales ya existentes, es decir, que son relativamente los mismos fondos (las mismas instituciones y más o menos el mismo número de funcionarios) que cada año destina el Estado a vivienda social en condiciones de normalidad (1). No ha existido en rigor una “política de catástrofe”, sino que se han adaptado los procedimientos para asignar recursos a este efecto. Sus “Programas de Reconstrucción” son financiados con el fondo de reconstrucción, creado a partir de un decreto y de tres leyes (2).
Quizás es por esta misma liviandad que el gobierno pareciera estar constantemente improvisando, como ocurrió con el puente peatonal de Curanipe, exhibido como símbolo de la reconstrucción y que tuvo un valor de algo más de 47 millones, pero que se cayera literalmente soplado por el viento en diciembre pasado, antes de ser inaugurado.
Pero, al contrario de esta suerte de indolencia, podemos asegurar que el evento sísmico del 27 de febrero sí fue una catástrofe: causó un daño masivo a una extensa población que abarca varias regiones (tres al menos) y, sobre todo, a los más desvalidos; daños que se expresaron en obras viales, servicios, producción y, sobre todo, vivienda. Los que hoy alojan en campamentos, pertenecen a la población más vulnerable y, a la vez, eran los que habían sido llevados a vivir a los sectores más inseguros, como en este caso resultaron ser algunos barrios sociales construidos en bordes costeros. Lo absurdo es que, sin embargo, estas verdaderas trampas mortales permitieron a las empresas inmobiliarias amasar buenas y seguras sumas por concepto de construcción de viviendas sociales, financiadas por el Estado. Por ejemplo, a fines de los ’90 en Talcahuano, tuvo cierta repercusión una discusión municipal acerca de la inconveniencia medioambiental de autorizar la construcción en el borde costero del sector Las Salinas. A pesar de las opiniones científicas que advertían lo inapto del suelo y el gran riesgo de inundaciones, pudieron más los proyectos de barrios sociales junto al mar, los que finalmente se transformaron en poblaciones como San Marcos y Santa Clara, arrasadas por el tsunami con el costo de decenas de vidas. Otra vez los más pobres justificaban y pagaban a los más altos costos esos malos proyectos habitacionales que, en cambio, solamente arrojaban ganancias extras a un sector ya enriquecido. ¿Y qué hizo el Estado al respecto? Nada.
El terremoto deja muchas dudas acerca de la política del Estado en materia de protección de los más pobres, puesto que no queda claro si la “política de reconstrucción” reconoce de efectiva a las víctimas y, en particular, a esa parte significativamente dañada que son los erradicados pos terremoto en campamentos de emergencia, que según cifras oficiales son casi tres mil trescientas familias, que se suman a las aproximadamente 25 mil familias ya existentes en campamentos.
Y es que la nula existencia de una política completa y excepcional para reconstrucción tiene un significado concreto en la definición de “damnificado”. Considerando la debilidad de esta política, más allá del discurso formal del gobierno y de la implementación de ciertas medidas de reconstrucción, podemos concluir que el damnificado del 27 de febrero es un individuo cuya condición particular no necesariamente implica la mayor responsabilidad del Estado.

Las cifras
A partir de esta especie de “leve” política de reconstrucción, el gobierno ha abordado hasta aquí el problema ofreciendo subsidios para dos tipos de soluciones: reparación de viviendas (através del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, PPPF) y la construcción de viviendas (a través del Fondo Solidario de Vivienda, FSV, y del Subsidio Habitacional D.S. 40).
La información del Plan de Reconstrucción del MINVU, indica que el número de viviendas dañadas por el terremoto y maremoto del 27 de febrero, fue de 370 mil, pero el número de familias inscrito en el Registro de Damnificados del SERVIU es 288 mil. De ellas, a la vez, han sido validadas o habilitadas para acogerse a los programas de reconstrucción, solamente 220 mil. Para resolver el problema de damnificados por el terremoto del 27 de febrero, el gobierno ha reconocido a estas 220 mil familias como su meta, las que debían postular al proceso (hasta diciembre pasado) y recibir su asignación de subsidio (hasta el 20 de enero próximo) (3).
El proceso de reconstrucción se puede dividir en dos etapas: la asignación de subsidios, que vendría siendo la incorporación de los afectados al proceso; y la reparación y reconstrucción de viviendas, según sea el caso. Siguiendo los datos de Reconstrucción Cómo Vamos (RCV), de las 220 mil habilitadas, a octubre de 2011 solamente habían recibido su asignación de subsidios algo más de 180 mil familias, que representan el 82% de los damnificados habilitados por el gobierno para postular a programas de reconstrucción. Sin embargo, este número de familias sería el 63% de los damnificados totales inscritos (esto es, de los 288mil).
Específicamente en  la provincia de Concepción, de una población de algo más de 302 mil familias, se cuenta un total de 47.860 familias damnificadas, de cuyo total las propietarias con inmuebles inhabitables suman 10.463; las inhabitables  arrendatarias, 1.219; y  allegadas, 7.650, haciendo un total de 19.332 familias damnificadas en condiciones de  viviendas inhabitables. Las familias que perdieron la vivienda representan un porcentaje provincial de 6,4% (4) Por otro lado, las familias damnificadas en calidad de viviendas reparables suman 28.528. De ellas, se cuenta en propietarias la cantidad de 25.963, en arrendatarias, 484, y en allegadas, 2.081. Ahora bien, de todas ellas se reconocen como damnificadas inscritas hábiles (que pueden postular) a 40.051, es decir, el 83,7% de familias inscritas. Y si consideráramos que aún falta que se inscriban 6.191 familias damnificadas en la provincia, este porcentaje sería aún menor. En este último recuento oficial, para la provincia se han asignado 37.362 subsidios (el 93% de las familias habilitadas y el 78% del total de inscritas).
Por otra parte, se han iniciado 23.548 obras en la provincia. El gobierno afirma que las obras iniciadas en el total de subsidios corresponden al 63%, pero lo que no dice es que esta cifra se sustenta sobre las reparaciones y no en construcción de viviendas. Y, por cierto, si de reparaciones se trata, RCV considera relativas estas cuentas, pues no hay información de cuánto representa de los costos totales en daños (reparables) sufridos por los damnificados (5).


II. El subsidio para arriendos y otros complementos de la “política de reconstrucción”

La implementación del subsidio
De mil doscientos millones de pesos ($1.200.000.000.-) que el gobierno destinaría a subsidios de arriendo, se asignaría a cada familia hasta 111 mil pesos. De acuerdo a lo anunciado, los beneficiados potenciales serían el 33%, es decir, una de cada tres familias en campamentos, esto es, 1.087 familias de las 3.293 familias que el gobierno reconoce en los campamentos de damnificados. La medida se pone en marcha el 2 de enero con la postulación para acogerse al beneficio, el que se extiende entre marzo de 2012 a marzo de 2013. ¿Quiénes son, específicamente, los beneficiados? Según el gobierno ha dispuesto, serán beneficiadas las familias que entre sus integrantes cuenten con familiares menores de dos años, de la tercera edad (mujeres sobre 60 u hombres sobre 65), y/o que cuenten entre sus integrantes algún discapacitado o enfermo grave (6).
Una vez asignado el monto de arriendo, será el gobierno el encargado de cancelar los pagos. Pero algo que llama la atención profundamente es cómo puede estimarse una disposición que fija la duración del subsidio en solamente tres meses. ¿Qué condiciones de vida pueden ser resueltas en tres meses para un proceso de reconstrucción de viviendas que literalmente todavía no empieza?
Pero, más aun, ¿a qué viene la medida del gobierno, la misma que negara por “irrealizable” durante casi dos años? (7) Y ¿cómo se expresa su implementación en la realidad de los afectados?

Dividir para gobernar
Un aspecto del análisis de la política de arriendos, nos lleva a observar que ésta consigue separar a los grupos de damnificados, disgregándolos y dejándolos sin capacidad de afrontar su problemática de manera colectiva. Ya ha habido críticas desde algunos dirigentes de campamentos en cuanto a que perderían todo el trabajo de redes que han desarrollado, en organización propia y en apoyo externo, así como perderían algunos avances logrados por sus propios medios en la mejora del lugar en que se encuentran viviendo (8).
Aunque es evidente que los damnificados no tienen todavía plena claridad de cómo enfrentarán la reconstrucción, sí existe en diferentes lugares una conciencia de que lo fundamental es la tierra. La política de erradicaciones permitiría evitar que los pobladores damnificados tomasen acciones, se apropiaran del suelo donde se encuentran acampados y decidieran levantar sus propios proyectos reclamando que el suelo (en general de propiedad fiscal o municipal) les sea concedido. En tanto madurase la idea de un mejor hábitat, con un entorno urbano más acondicionado para el acceso al trabajo y a los servicios, el gobierno se vería obligado a enfrentar a grupos organizados con sentido reivindicativo y ya no a solas víctimas pasivas y dóciles al asistencialismo. Esta política de arriendos parece apresurarse, sin claridad de cuál será la salida verdadera para quienes se vean “beneficiados”, pues –para la gran mayoría de los campamentos- apenas o con suerte se ha asignado subsidios (papeles), pero sin que se sepa en dónde y cómo se construirá, sin saber exactamente si al término del subsidio de arriendo de 3 meses existirá ya la prometida vivienda (lo que es muy difícil si seguimos la trayectoria de acciones de esta reconstrucción).

La lucha por los terrenos: el suelo como botín de guerra
La medida anunciada sería una imitación del modelo usado en Illinois (Estados Unidos de Norteamérica), donde el huracán Katrina dejó gran número de damnificados, tratándose casi en su totalidad de gente de barrios obreros y pobres. Pero que un modelo sea “gringo” no quiere decir precisamente que sea bueno. Por ejemplo y coincidentemente con el terremoto del 27/F, tras la catástrofe en Illinois también se creó un clima de pánico e inseguridad, donde se aplicaron políticas represivas y de terror, las que costaron la vida a decenas de personas; enseguida, se impulsaron políticas de privatización de servicios de salud y educación, pérdida de seguridad y, a la vez, lentitud en la solución para los afectados de la catástrofe. Hay un área particularmente común en todo esto: el papel que juega la expansión inmobiliaria.
¿Cuál es el impulso principal en los países del capitalismo “neoliberal” bajo circunstancias de una catástrofe social? Parece que estaremos de acuerdo en la siguiente respuesta: el principal impulso desarrollado por el Estado “neoliberal” tras una catástrofe consiste en ampliar el espacio del mercado, entendiendo por ello la acumulación de propiedad privada y la reducción del área dominada por el Estado, lo que implica entregar los servicios sociales al deterioro o a la desaparición, para facilitar su privatización o la expropiación de suelos para la posterior apropiación exclusiva de los sectores inmobiliarios. Está de más decir que esto significa excluir en este impulso a la población en general y, sobre todo, a los marginados, a las capas vulnerables y obreras. Esto explica, por ejemplo, la desesperada y oscura presión de la alcaldía de la ciudad de Concepción por vender las escuelas y liceos. El solo Liceo Balmaceda (escuela destinada a la educación de adultos, desempleados y obreros) ya se remata con referencia al avalúo fiscal, que es de mil doscientos millones ($1.200.000.000.-); esto se ha hecho a espaldas del público, ¿por qué? Simple, ese terreno destinado legalmente a servicios de educación (9), tiene un valor comercial superior a los trece mil millones ($13.000.000.000.-), lo que significaría que no sólo se privatizan bienes pertenecientes a la educación municipal, sino que, además, se haría a “precio de huevo”.
La acción más o menos declarada del Estado en cuanto a instaurar una lógica de desconfianza social, de inseguridad y hasta de terror, no es algo causal. Si las políticas pos catástrofe tienen esta característica de ayudar a los sectores empresariales a apoderarse de bienes públicos y de aumentar sus franquicias y, por tanto, sus ganancias, entonces el Estado debe considerar al potencial opositor de sus políticas: la masa mayoritaria que saldrá perjudicada, no exclusivamente los damnificados, sino la siempre peligrosa mayoría, aquella a la que apelan los gobernantes en cada campaña electoral. Para esta mayoría tienen un tratamiento especial: la propaganda del terror bajo circunstancias de estrés y alarma pública, y el uso de los medios de fuerza (muchas veces privados) para instaurar ese clima y la legitimación de un control militarizado.
Solamente tomemos como dato el apresurado acuerdo que ha hecho el gobierno de Piñera con la empresa FEMA en el contexto de los incendios forestales de enero (Quillón y otros lugares rurales). FEMA es una empresa privada norteamericana ligada al departamento de seguridad del gobierno de EEUU, una empresa que ya hizo su debut en el mencionado caso de Illinois y que ha sido acusada por diversos organismos de provocar un clima de terror a través de sus contingentes armados, los que habrían violado los derechos humanos. Sí, FEMA también presta servicios de “seguridad”. La pregunta es: ¿Seguridad de quién?
Con los antecedentes existentes, podemos preguntar si no existía algún propósito secreto y contradictorio con el bienestar y la paz social en las políticas de seguridad pública tras el terremoto del 27 de febrero. ¿Tenía algún significado dejar las ciudades arrasadas por el terremoto durante tres largos días en el caos, para luego impulsar con todo rigor el empleo del Ejército y de las medidas de excepción? ¿Quién lo aconsejó de esta manera a las autoridades? ¿Quién planificó utilizar nuevamente el estado de sitio en la provincia de Concepción durante el día 29 de marzo, sin un solo argumento que resista análisis? (10).
Hemos hablado de políticas de reconstrucción limitadas, mínimas o ineficientes, incluso improvisadas, pero bajo la lógica del gran mercado que somos, cabe preguntarse: ¿Y no es posible que se trate de una completa política de control y expoliación económica, en una lógica fríamente calculada?


La condena de los damnificados: la marginalidad como destino, o la rebelión
¿Cómo se pretende iniciar en 2012 la reconstrucción de viviendas para damnificados –la que debería durar al menos un par de años- con un subsidio de arriendos que se adelanta en los hechos a este proceso y que solamente cubrirá un tramo de tres meses? Alejandro Navarro se queja porque asegura que solicitó fondos para una medida similar, pero que en la ocasión (2010) el Ministro de Vivienda respondió que era imposible, porque plata no había.
Los dirigentes de miles de pobladores en expropiación de Villa Futuro y Centinela II levantaron el subsidio de arriendo como demanda a principios de 2011. Nada sucedió. Hoy, los edificios de Centinela ya no existen y los pobladores sólo cuentan –en medio de los cerros pelados- con un hito que simbolizaría “la primera piedra” de una futura reconstrucción.
Todos los cálculos indican que no serán realidad ninguna de las ofertas que el gobierno hizo en un principio, en papeles a todo color que graficaban villas hermosas, incluso brindándoles la oportunidad de elegir distintos diseños de inmuebles, de aspectos modernos y elegantes. De todas maneras, se sabe que hay prisa en los ministerios por ejecutar las obras adjudicadas por subsidios. Pero el cuento sigue siendo un cuento y las autoridades no parecen tener estómago para contarlo. No sólo se trata de que un alto porcentaje de los damnificados del terremoto no tendrán acceso a soluciones. La perspectiva es más profunda: La mayoría más pobre de los trabajadores y de los desposeídos no tiene oportunidad individual de alcanzar una localización mínimamente razonable y una vivienda digna, y se ve desplazada cada vez más lejos de los centros urbanos, a la periferia, para seguir siendo pobre o para serlo cada vez más.
La lógica general del desarrollo urbano está regida por las leyes del mercado capitalista. La población no es soberana sobre el diseño de este crecimiento urbano ni tiene real parte en sus beneficios. La consecuencia de esta lógica es la segregación social, fuente natural de los bolsones de pobreza, de la delincuencia y el narcotráfico.
Hay una lucha declarada por parte del Estado para expulsar a los pobladores lejos de sus actuales localizaciones. El terremoto ha sido un pretexto al dedillo para ello. La negación de soluciones o las soluciones mínimas, han persistido sin oídos para la “sociedad civil”, de manera tal que arrojar un dulce o una migaja termina siendo “una mejora” o “una solución”. En fin, muchos piensan, entre esto y nada…
Esta declaración de guerra se encuentra tendida. Las capas humildes de pobladores no tienen nada que perder, por el contrario, más valdrá responder al ataque con resistencia y lucha.

Red Construyamos




El año 2006, al inicio del gobierno Bachelet, se asignaban a vivienda social 20 millones de UF; el 2009, al final de este
 gobierno y antes del terremoto, esta asignación representó un monto de 60 millones de UF. El año 2010, con terremoto, este gasto tuvo un monto superior a 75 millones de UF, y el 2011 de más de 80 millones. Es decir, los aportes a vivienda social siguieron una línea regular, a pesar del cambio drástico en las circunstancias sociales que atraviesa el país. Fuente: Informe de política habitacional del MINVU (2010-2011) al III Congreso nacional de concejales de Chile.

En lo legislativo y relativo al financiamiento, desde marzo de 2010 se han dictado: Decreto de reasignación presupuestaria de 2010 (Decreto N° 338) para financiar la emergencia; Ley N° 20.455, para financiar la reconstrucción; Ley N° 20.469, que modificó el royalty minero, y Ley N° 20.444, que creó el Fondo de Reconstrucción y estableció incentivos para las donaciones. En: Balance de Reconstrucción, Ministerio Secretaria General de la Presidencia, 7 de febrero de 2011. Solamente la Ley del royalty representa para nosotros un retroceso y no una fuente de soluciones.                                                       
3
220 mil familias que el gobierno anunció cubriría totalmente (en la forma de subsidios asignados) en 2011. En diciembre, sin embargo, el ministro de vivienda reconoció que habían cometido un “error” en 
la estimación real del problema.inhabitables. Las familias que perdieron la vivienda representan un porcentaje provincial de 
6,4%.
4
Por otro lado, las familias damnificadas en calidad de  viviendas reparables suman 28.528. De ellas, se cuenta en propietarias la cantidad de 25.963, en arrendatarias, 484, y en allegadas, 2.081. Ahora bien, de todas ellas se reconocen como damnificadas inscritas hábiles(que pueden postular) a 40.051, es decir, el 83,7% de familias inscritas. Y si consideráramos que aún falta que se inscriban 6.191 familias damnificadas en la provincia, este porcentaje sería aún menor. En este último recuento oficial, para la provincia se han asignado 37.362 subsidios (el 93% de las familias habilitadas y el 78% del total de inscritas).
Por otra parte, se han iniciado 23.548 obras en la provincia. El gobierno afirma que las obras iniciadas en el total de subsidios corresponden al 63%, pero lo que no dice es que esta cifra se sustenta sobre las reparaciones y no en construcción de viviendas. Y, por cierto, si de reparaciones se trata, RCV considera relativas estas cuentas, pues no hay información de cuánto representa de los costos totales en daños (reparables) sufridos por los damnificados.
Las comunas de esta provincia que presentan más inscritos que los finalmente habilitados como damnificados con vivienda inhabitable, son: Talcahuano, San Pedro de la Paz, Chiguayante y Tomé.
5
RCV: Análisis de los datos de la Cuenta Pública del MINVU en Reconstrucción, diciembre de 2011.


6

Diario La Tercera, 9 de diciembre de 2011: “Gobierno busca erradicar a pobladores de aldeas del 27/F con pagos de arriendos”.
7
Periódico Resumen, 11 de enero de 2011: “Damnificados de Talcahuano y Chiguayante exigen subsidios de arriendo”; Radio Bio Bio, 30 de diciembre de 2010: “Navarro propone subsidios de arriendo para quienes aún viven en edificios dañados por el terremoto”; y página de Senador A. Navarro, 12 de diciembre de 2011: “Subsidios de arriendo: tardíos, necesarios e insuficientes”.


8
Diario La Tercera, 10 de diciembre de 2011: “Damnificados rechazan plan de arriendos para acabar con las aldeas”.
9
Ver declaraciones del concejal Patricio Lynch en Tribuna del Bio Bio (www.tribunadelbiobio.cl), 11 de noviembre de 2011: “Concejo acuerda vender inmueble de ex liceo Balmaceda para hacer caja a Dirección de Educación” 
10
“…en la provincia de Concepción, más allá de algunas mínimas manifestaciones a nivel estudiantil, siempre ha pasado casi inadvertida (la conmemoración del Joven Combatiente), es decir, no se justifica en absoluto reponer esta medida sino es como exclusiva manifestación de fuerza, si no de prepotencia”, Francisco Albarrán (colaborador radio comunitaria Lorenzo Arenas, Concepción), “Terremoto en Chile: y ya lo ve, y ya lo ve… los militares otra vez”, en El Ciudadano, Edición Nº79, abril de 2010.

MCAD Informa





                                                          

En Tomé una expropiación perpetrada por los ladrones de siempre

Vecinos de Bellavista denuncian injusta expropiación. 

En el sector Bellavista de la ciudad de Tomé hay 18 familias que han sido expropiadas de sus terrenos y casas donde, hasta el momento habitan. Las banderas negras y los lienzos que denuncian engaño y perjuicio por parte del Estado, llaman la atención de cualquiera que pase por el lugar...


Desarrollo de noticia:

Damnificado de Constitución se toman oficinas de SERVIU


COMUNICADO DE PRENSA: Damnificado de Constitución se toman oficinas de SERVIU
16 de Enero de 2012

A casi dos años de conmemorarse un nuevo aniversario de la catástrofe material y humana que aconteció el 27 de Febrero del año 2010 en nuestro país, los damnificados de Constitución nos hemos tomado las oficinas del Serviu.

La reconstrucción ha sido nula y denunciamos las nefastas estrategias políticas y de operación diseñadas por el gobierno, quien ha desarrollado un proceso sistemático de contención y desgaste de los damnificados, con el fin de hacer creer  a la opinión pública de lo bien que se está haciendo en materia de reconstrucción, siendo que en las localidades sólo hay desazón y muy pocas esperanzas de que los compromisos se cumplan en los plazos establecidos. No queremos un invierno más en las malas condiciones que se encuentran muchas y muchos de nuestros/as vecinos/as. 

En materia de vivienda, si bien existen una cantidad importante de proyectos que están en construcción, hay que denunciar que estos proyectos han llegado a cubrir un porcentaje de los damnificados y por otro lado han dado respuesta a una sobre demanda de vivienda pre existente al terremoto y tsunami. En esta misma materia podemos observar un abandono de los proyectos de vivienda emblemáticos de nuestra comuna como lo son: Cerro O’Higgins y la población Francisco Meza Seco, proyectos que aún no tienen ninguna claridad en materia de reconstrucción.

Por otra parte existe un retraso en la construcción de los proyectos de vivienda, lo que inevitablemente nos llevara a pasar un tercer invierno en campamentos, esto agudizado por la incertidumbre sobre los temas de las familias, a quienes se les están acabando sus plazos y recursos para arrendar y quienes viven en el borde río, donde se construirá el Parque de Mitigación y las familias residen actualmente en esos terrenos.  Esto incrementado con el retraso excesivo de unos de los proyectos más emblemáticos, como lo es el de la Poza, quien por problemas de recursos (valores de terrenos muy altos, para proyectos de vivienda sociales) aún no tiene un sitio definitivo.

Otro de los sectores abandonados tiene que ver con el lento avance de los que son los proyectos en sitios residentes y los que están asociados a proyectos de reparación de vivienda, donde el escenario que se está dando es que las familias por su necesidad se están sobre endeudando para reparar con sus propios medios sus casas habitaciones, debido a la tardía e ineficiente respuesta del gobierno y sus instituciones.

En materia de expropiación, como bien es sabido, el gobierno y la empresa privada lograron llevar a cabo íntegramente todo su proceso de desplazamiento de las familias del borde río. Haciendo caso omiso de las propuestas de los/as vecinos/as, las sugerencias la  misma Comisión de reconstrucción y de las propuestas técnicas presentadas donde se pueden observar muchos vacíos técnicos del famoso parque de mitigación exsitente. 

Por último, pero no menos importante, tenemos el cuello de botella del gobierno, que es la Ficha de Protección Social, la cual sigue siendo un instrumento que no da cuenta de la realidad de las familias, donde si bien para el tema de la postulación a vivienda se nos manifestó que no se considera su puntaje, si se considera la información y con ello se ha castigado a una importante cantidad de familias que teniendo sus certificados de damnificados, por la información de la FPS, no pueden postular a los proyectos de viviendas sociales existentes en la comuna.

Adicionalmente, denunciaremos el nulo avance en materia de reconstrucción en los sectores rurales de la comuna, donde no llega la información, donde no llegan las profesionales del ministerio de vivienda, y donde por supuesto frente a este escenario, tampoco han llegado las soluciones. Esto agravado por el termino de los plazos para la postulación de proyectos de vivienda en materia de reconstrucción.

Por todo lo antes señalados hemos tomado la medida de ocupar el SERVIU para denunciar a la opinión pública del país, que las actuales autoridades no han cumplido sus compromisos y nuestra gente sigue con un nula reconstrucción en Constitución.

Llamamos a solidarizar con nuestra lucha y a prepararnos para las jornadas del 27 de febrero de 2012 en que los damnificados de todo Chile se harán respetar.

Agrupación de Damnificados de la Comuna de Constitución
MCAD Informa



viernes, 13 de enero de 2012

Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada...










Naciones Unidas  A/HRC/16/42
Asamblea General  Distr. general 
20 de diciembre de 2010 
Español 
Original: inglés 

Asamblea Genera



Consejo de Derechos Humanos 
16º período de sesiones  
Tema 3 de la agenda 
Promoción y protección de todos los derechos humanos,  
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,  
incluido el derecho al desarrollo 

Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda 
adecuada como elemento integrante del derecho 
a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de 
no discriminación a este respecto, Sra. Raquel Rolnik 





Resumen


El presente informe, presentado de conformidad con la resolución 6/27 del Consejo de Derechos Humanos, subraya la importancia de integrar las normas de derechos humanos y en particular el derecho a una vivienda adecuada en los procesos de reconstrucción posteriores a desastres y conflictos. Aunque se tienen en cuenta las diferencias existentes entre las situaciones posteriores a conflictos y a desastres, el informe se centra en cuestiones de interés común y en particular en tres puntos de partida fundamentales: la seguridad de tenencia, la consulta y la participación, y la coordinación institucional, a través de los cuales se destacan los elementos del derecho a una vivienda. Para concluir, el informe aborda una serie de recomendaciones a los Estados y a la comunidad internacional sobre cómo mejorar las iniciativas de prevención, socorro y rehabilitación incorporando el derecho a una vivienda adecuada. 


Informe Completo aqui:

http://raquelrolnik.files.wordpress.com/2011/02/post-disaster-conflict-es-a-hrc-16-42_sp.pdf

MCAD Informa

martes, 10 de enero de 2012

COMUNICADO COORDINADORA ARAUCO MALLECO CAM


COMUNICADO
 
La Coordinadora Mapuche Arauco Malleco comunica al Pueblo Nación Mapuche, a las familias de los jóvenes trabajadores fallecidos y a la opinión pública en general lo siguiente:

1- Que frente a las acusaciones emitidas por personeros del actual Gobierno y parlamentarios de derecha señalamos, enfáticamente, que la CAM no tiene relación alguna con los hechos ocurridos en el Fundo Casa de Piedra en Carahue.

2- Que, sin embargo, reivindicamos dicho predio como territorio ancestral mapuche usurpado por el empresariado forestal, razón por la cual responsabilizamos a estos como los únicos causantes de esta tragedia, en tanto, su insistencia en seguir explotando y depredado el Wallmapuche,  a cualquier precio, inclusive a costa de la vida de personas, como ha quedado demostrado en este caso.

3.- Que lamentamos, profundamente, la muerte de gente pobre, de jóvenes trabajadores victimas, también, del sistema económico; que laboraban en condiciones deplorables, con salarios miserables, sin las más mínimas medidas de seguridad y que fueron enviados al choque para defender los intereses económicos de una de las familias más ricas de Chile.

4- Denunciamos que este montaje mediático obedece a una estrategia política que busca, justificar ante la opinión publica, la aplicación de la Ley Antiterrorista a las comunidades mapuche en conflicto, al movimiento mapuche autónomo y en particular a la CAM.

5- Junto con lo anterior advertimos que dicha estrategia busca consolidar la Ley Antiterroristacomo herramienta valida para enfrentar también a los movimientos estudiantiles y sociales chilenos, anticipándose a un año en el que se vislumbra  mayores movilizaciones y luchas.
 
Héctor LLaitul Carrillanca
Vocero Político - CAM
Cárcel de Angol, Enero 09 de 2012


MCAD Informa

lunes, 9 de enero de 2012

La Historia de los Autoatentados Incendiarios de Forestal Mininco en 1999.


Por Gamba.cl.

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Por: Hanzinho.
En general somos un país con pésima memoria, media responsabilidad de nosotros, media responsabilidad de la prensa oficialista y su entrega de información completamente manipulada. Ahora con tantos incendios en el sur donde está involucrada la Forestal Minenco, empresa propiedad de la familia Matte, basta con mirar hacia el año 1999 para ver que esta empresa estuvo implicada en sendos autoatentados incendiarios, donde se culpó de todo a los Mapuche y el gobierno de esos años aplicó la Ley Anti-Terrorista. ¿Les suena conocida la historia?
Durante los años 1999 al 2001 debido a una escalada de incendios en el sur de Chile, el Gobierno “socialista” del Ricardo Lagos apoyando a los empresarios madereros, inició un operativo de inteligencia para reprimir, neutralizar, controlar y perseguir a los Mapuche. A continuación algunos casos señalados:
El senador Alejandro Navarro al interponer una denuncia ante el tribunal militar por la muerte de una anciano Mapuche a manos de carabineros en la comuna de Nueva Imperial. Ahí expresó ante algunos medios de comunicación que poseía antecedentes de que hay empresas forestales que en el marco del conflicto mapuche se provocaban auto-atentados:
“Voy a entregar los informes elaborados por la Sección Forestal y Ecológica de Concepción, donde queda establecido tanto por peritajes de la Sección Forestal Ecológica de Carabineros, como por peritajes realizados por privados, de que los incendios son autoatentados, hechos por los guardias forestales”
Si bien causó algo de revuelo la información, esta nunca fue dada a conocer en detalle, sin embargo por información recabada por otras fuentes, esta denuncia habría apuntado a piezas de la causa rol 38.774-L del Juzgado de Yumbel, por los delitos de incendio forestal del Año 2001, donde incluiría un Informe pericial (67-2001) de fecha 19 de marzo de 2001.
Dicho informe acreditaría que 4 personas pertenecientes a la Empresa Forestal Santa Ana Ltda. Dedicada al rubro de la vigilancia privada de predios forestales,obligaron y amenazaron a un tercero para provocar diversos incendios forestales, presumiblemente con el objeto de justificar los contratos entre las forestales y la misma empresa de vigilancia. Un relato textual de este informe suscrito por Roberto Muñoz Sandoval, Sargento 2º, César Muñoz Astudillo, Cabo 2º, de la sección Forestal y Ecológica de Concepción señaló:
“Se determinó que la Empresa Forestal Santa Ana Ltda. Que cumple funciones de vigilancia predial, en los diferentes predios de las empresas forestales, tales como MININCO, CELCO, BOSQUES ARAUCO Y BIO BIO, no se encontraría autorizada para ejercer labores de vigilancia, infringiendo con ello el art. 5 bis del D.L. 3607. Ley de Vigilantes Privados, demostrando con esto por parte de la mencionada empresa la que es representada por José Roberto Escanden Pérez, una absoluta irresponsabilidad en su actuar, realizando su trabajo en forma fraudulenta, lucrándose económicamente de manera indiscriminada y maliciosamente de las empresas forestales, causando enormes daños económicos irreparables y a su vez una grave destrucción al medio ambiente, provocando confusión y alarma dentro de las empresas forestales.”
“Por lo que además se determinó que la empresa Forestal Santa Ana Ltda. cumple funciones de vigilancia privada en forma ilegal, actuando algunos de ellos en contravención a la Ley Nº 17.798, sobre Control de Armas y explosivos, por el porte ilegal de arma de fuego que es utilizado por algunos de ellos, presumiéndose además que dicha empresa es la única responsable de la totalidad de los siniestros forestales en calidad de autor, infringiendo con ello los artículo 476 inciso 3 y 482 del Código Penal (delito de incendio)”
A similares conclusiones habría llegado el perito judicial Aldo Gherardelli Maurer, en el “Peritaje de Incendios Forestales antiguos y ya extintos”, a requerimiento del Juzgado de Letras de Yumbel, en la misma causa (rol 38.774-L). Con estos antecedentes, según fuentes extra oficiales, algunos parlamentarios habrían estado dispuesto a solicitar un Ministro en visita para que se investigara estos antecedentes, entre ellos Navarro, sin embargo algo pasó que detuvo toda gestión al respecto.

El Desmantelamiento de los Entes Reguladores.

Más allá del cierre de la Sección Forestal y Ecológica de Concepción la cual dejó de existir en octubre de 2001, a nivel País existían 12 secciones forestales (La Serena a Coihayque). Pero el Alto Mando suprimió todas. Coincidentemente con esto, la Corporación de la madera (CORMA) cambió de presidente, saliendo José Ignacio Letamendi e ingresando el empresario latifundista con predios en conflicto con comunidades y ex Ministro de la dictadura de Pinochet Fernando Leniz. Por cierto, como dato anecdótico y para que vean la clase de gente de la que hablamos, el año 2006, su hijo Francisco Leniz estafó al banco Security vendiendo un bosque talado por 400 millones de pesos(!)
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El Caso de Leonardo Espinoza y el Incendio de Rucañanco.

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Tras el suicido en la ciudad de Santiago de un ex brigadista forestal Leonardo Espinoza, joven que tenía 20 años, aparecieron reveladores antecedentes quedesenmascararon el rol de las brigadas de seguridad de empresas forestales ante los conflictos Mapuches.
El joven, antes de quitarse la vida, dejó unas cartas en las que narra graves episodios que le tocó vivir como brigadista forestal. Ante esto, su madre Leticia Fonseca entregó estos antecedentes a la justicia, en los que se revelaba que los propios brigadistas forestales incendiaron la casa patronal del Fundo Rucañanco de la Empresa Mininco para inculpar a los Mapuches, entre otros actos vandálicos. Jerson Espinoza, hermano del joven suicida, quien también se desempeñó como brigadista forestal, relató a la prensa lo siguiente (Diario Austral de Temuco, 06 de enero del 2000)
“Después que provocamos a los Mapuches, para nosotros la situación era incontrolable porque los habíamos hostigado demasiado. Teníamos que hostigar a las Comunidades para que se produjeran enfrentamientos y la opinión pública se enterara de las -atrocidades que cometían los Mapuches”
“Los guardias de la empresa de seguridad que trabajaban como brigadistas para las empresas forestales, provocaban la mayoría de los conflictos. En algunas oportunidades provocamos incendios forestales, bloqueábamos los caminos; llenábamos sacos con arena para luego lanzarlos a los canales cercanos a las comunidades para que el agua desbordara e inundara sus siembras”
“En las noches, cuando las comunidades Mapuches realizaban sus Ngüillatunes (Ceremonias religiosas), brigadistas cortaban los Rehues (símbolo religioso), hecho que desataba la ira y colocaba la situación más tensa”
Estos actos según se afirmó, eran comportamientos para mantener y justificar sus puestos de trabajo de seguridad. Es importante recordar, que ante la quema de la casa patronal del Fundo Rucañanco de Forestal Mininco ocurrida el 01 de agosto de 1999, el Gerente de Relaciones Públicas de la propia empresa Rodrigo Hermosilla, acusó directamente a personas mapuches, responsabilizando incluso al dirigente y ex vocero de la Coordinadora de Comunidades en conflicto Arauco-Malleco, Víctor Ancalaf. Dicho “atentado”, fue uno de los principales motivos para que el Gobierno Regional aplicara la Ley de Seguridad del Estado en agosto de dicho año.
Todas estas diligencias acarrearon como consecuencia la militarización policial en el territorio mapuche; la constante persecución y las injustas detenciones de diversos dirigentes y comuneros Mapuches. Las denuncias por autoatentados nunca fueron investigadas, por el contrario, siempre se acallaron. El diputado PPD Eugenio Tuma fue uno de los que promovió estas denuncias, pero siempre teniendo el cuidado de no involucrar a las empresas sino a sus “grupos de seguridad”, señalando al mismo medio el 6 de enero del 2000:
“No me cabe duda que las empresas de seguridad, por el hecho de estar vinculadas a ex agentes de seguridad, han sido cómplices de los actos vandálicos ocurridos en la zona con el fin de culpar a comunidades mapuches. Además las empresas de seguridad no cumplen con la ley laboral”
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El Caso Pedro Cifuentes y Forestal Mininco.

En las denuncias realizadas por el obrero Pedro Cifuente, el 26 de agosto de 1999 a la prensa y el recurso judicial que se presentó para su protección ante el temor de represalias en su contra. Cifuentes involucró de manera directa a funcionarios de la empresa Forestal Mininco en los atentados.
“La forestal me presionó, me dio dinero para culpar a los hermanos Ancalaf de las quemas y destrozos en la empresa. Me amenazaron con que me iban a encarcelar y las pruebas que tenían era un montaje de fotos. Es decir, me inculparían. Me entregaron la suma de 500 mil pesos y más 10 mil pesos semanales”
“Me amenazó que tenía que trabajar para ellos y meterme dentro de las comunidades, darle información de todo lo que pasaba dentro de la comunidad. Ellos, en muchas otras partes, han pagado a gente para que se infiltre en las comunidades mapuches”.
Cifuentes no pudo sostener las mentiras en medio de un careo con los propios Ancalaf ante el Ministro en visita Julio César Grandón, señalando al mismo medio.
“Fue tanta la presión que tuve por mucho tiempo, cada paso que daba o donde iba me vigilaban. Declaré delante de ministro y fue ahí cuando me di cuenta que lo que estaba cometiendo era un error bastante grave, que estaba perjudicando a personas inocentes y me estaba perjudicando. Yo recibí el dinero que me ofrecieron.”
Pedro Cifuentes habría sido contactado para este plan por un tal Alex de Ruiz, sindicado en aquel tiempo como funcionario de la empresa forestal Mininco. De Ruíz habría convencido a Cifuentes para que acusara a los hermanos Ancalaf en los hechos de violencia, entre ellos, apedreamiento de vehículos, quema de casas, plantaciones, puentes, entre otros.

Otros Casos.

También hubo relatos en anonimato de guardias forestales reconociendo la existencia de autoatentados a la prensa radial de Temuco, la cual investigó y recopiló antecedentes durante el año 2000 y que fuese replicado como denuncia por algunos parlamentarios, entre ellos Guido Girardi (hoy senador) y el diputado por la novena región (distrito 51) Eugenio Tuma, son otros hechos que quedaron sin investigar.
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Imputaciones a Mapuches y Aplicaciones de Leyes Especiales y Represivas.

Es necesario tener en cuenta que por declaraciones del Ex Subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil para el gobierno de Ricardo Lagos, el año 2004 sería el año de culminación de la larga operación denominada “Paciencia”, iniciada el 2001 para contener al movimiento Mapuche. (El Mercurio, 22/08/2004).
Al respecto, como se ha venido denunciando, existen Mapuches condenados incluso a más de 10 años de cárcel por delitos menores con penas absolutamente desproporcionadas, y con denuncias locales e internacionales de vicios procesales por los atentados incendiarios a los que se les ha dado la categoría de “terrorismo”, en tiempos donde a la vez, las mismas empresas han sido acusadas por autoatentados.

Una vez más, ¿No les parece conocida la historia?


A continuación un recopilado de los diarios de la epoca, cualquier parecido con lo de ahora es solo coincidencia… (?)
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